El proyecto del vehículo eléctrico OLINIA, promovido por el Gobierno Federal como parte de las iniciativas tecnológicas de la llamada Cuarta Transformación, se encuentra en medio de señalamientos de presunta corrupción tras revelarse información sobre un contrato millonario otorgado a una empresa de telefonía con domicilio en Mérida.
El periodista Jorge García Orozco difundió a través de su cuenta en la red social X una investigación en la que exhibe documentos relacionados con la asignación realizada por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) a la empresa Rocketel SAPI, conocida comercialmente como “Mi Móvil”.
Según la publicación, el contrato habría sido otorgado el 14 de abril de 2025 mediante el oficio HS20/DGM-036-0/2025, con un monto cercano a los 5 millones de pesos para el diseño y fabricación del vehículo eléctrico OLINIA.
En su investigación, García Orozco cuestiona que la empresa beneficiada no tendría experiencia en la fabricación de automóviles, ya que su giro principal está relacionado con servicios de telefonía celular.
“El gobierno a través de @Secihti_Mx entregó un contrato para diseño del coche Olinia a la empresa Rocketel SAPI, por 5 millones, una empresa de telefonía en una casita en Mérida”, publicó el periodista en redes sociales.
Asimismo, señala que el socio mayoritario de la empresa, identificado como Adrián Aguirre Palme, residiría en Park City, Utah, donde presuntamente mantiene otra empresa relacionada con elevadores para centros de esquí.
Otro de los puntos expuestos en la investigación es el domicilio fiscal de Rocketel S.A.P.I. de C.V., ubicado en la calle 23 número 198, interior 4, colonia San Miguel, en Mérida, Yucatán, inmueble que, según el periodista, no aparenta contar con infraestructura para el desarrollo de pruebas industriales o fabricación automotriz.
De igual forma, se menciona que la SECIHTI habría rechazado proporcionar información relacionada con los montos ejercidos, pruebas de seguridad, especificaciones técnicas y tiempos de producción del proyecto, argumentando que dichos datos podrían afectar la “ventaja competitiva” del vehículo.
Hasta el momento, la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación no ha emitido una postura oficial respecto a los señalamientos difundidos en redes sociales ni sobre las acusaciones de posibles irregularidades en la asignación del contrato.
