A sólo unos días de la inauguración de la Copa del Mundo, más de cien organizaciones y redes de la sociedad civil de México y Estados Unidos lanzaron un llamado conjunto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender la crisis de derechos humanos y ambiental que enfrenta el país, en lugar de enfocar recursos y esfuerzos únicamente en el evento deportivo.
La protesta pública se realizó el pasado 9 de junio con una acción encabezada por activistas de Greenpeace México, quienes desplegaron una manta de 21 metros de largo a 60 metros de altura en la Estela de Luz, en la Ciudad de México, con el mensaje: “Esto también está en juego. El mundo está viendo”.
Durante el acto, organizaciones denunciaron que temas como desapariciones forzadas, migración, violencia, desplazamientos, despojo territorial y justicia ambiental han sido relegados, mientras se priorizan intereses económicos y comerciales vinculados al Mundial y al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Entre las agrupaciones participantes se encuentran Amnistía Internacional, Greenpeace México, Global Exchange, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Project Worldcup Spotlight, así como redes binacionales como el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia y la Asamblea de Incidencia por los Derechos Humanos en el T-MEC.
Las organizaciones cuestionaron las inversiones anunciadas para la Copa del Mundo, que incluyen hasta 2 mil millones de pesos en infraestructura de movilidad para las ciudades sede, además del despliegue de 100 mil elementos de seguridad pública y otros recursos destinados a garantizar la operación del evento.
En contraste, señalaron que persisten graves problemáticas sociales y humanitarias en el país, como las más de 133 mil personas desaparecidas, la violencia contra mujeres buscadoras y las deportaciones masivas de migrantes.
Durante la conferencia conjunta, también se criticó que la próxima renegociación del T-MEC no contemple como prioridad los derechos laborales, ambientales y humanos, sino los intereses de grandes corporaciones y sectores económicos.
Asimismo, las organizaciones denunciaron el incremento del desplazamiento forzado de comunidades indígenas y afromexicanas, mencionando casos recientes como el de más de 2 mil personas desplazadas en Chilapa, Guerrero, así como agresiones y asesinatos contra defensores ambientales y activistas sociales.
En materia ambiental, alertaron sobre la devastación de ecosistemas como la Selva Maya y zonas marinas debido a proyectos extractivistas y modelos de desarrollo que, aseguran, privilegian las ganancias económicas sobre la protección de la vida y los recursos naturales.
De acuerdo con los colectivos, tan sólo en 2025 murieron 10 defensores ambientales en México y se documentaron al menos 314 agresiones contra activistas y personas defensoras de la tierra.
Finalmente, las organizaciones firmantes reiteraron su exigencia de que el Gobierno Federal abra espacios de diálogo con la sociedad civil y establezca compromisos concretos para garantizar justicia social, ambiental y respeto pleno a los derechos humanos.
Advirtieron además que continuarán realizando acciones y pronunciamientos en México, Estados Unidos y Canadá durante el desarrollo de la Copa Mundial, con el objetivo de mantener visibilidad internacional sobre estas problemáticas.
