Congreso de Yucatán modifica la Constitución y elimina protección de la vida desde la fecundación

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma constitucional que elimina la disposición que protegía la vida desde el momento de la fecundación, con lo que la legislación yucateca se ajusta a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de derechos reproductivos.

La modificación al artículo primero de la Constitución local fue avalada por la totalidad de las y los diputados presentes, quienes dieron cumplimiento a una resolución judicial que había determinado la inconstitucionalidad de la redacción vigente.

Con este cambio, el texto constitucional reconoce y garantiza el derecho a la vida de toda persona conforme a los principios de derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México forma parte.

La reforma deja sin efecto la cláusula que establecía la protección de la vida desde la fecundación, disposición que había sido señalada por organismos y tribunales como un obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

La votación se llevó a cabo sin intervenciones en tribuna por parte de los grupos parlamentarios y contó con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local.

La aprobación ocurre después de que las y los legisladores fueran sancionados económicamente por incumplir la sentencia emitida por la SCJN. Cada integrante del Poder Legislativo recibió una multa superior a los 26 mil pesos por desacatar la resolución judicial durante varios meses.

Con esta decisión, Yucatán cierra un capítulo jurídico que lo convirtió en la primera entidad del país cuyo Congreso fue sancionado por no acatar una sentencia relacionada con la armonización de normas vinculadas a la despenalización del aborto.

La reforma representa un ajuste constitucional orientado a garantizar el cumplimiento de los criterios emitidos por el máximo tribunal del país y fortalecer la protección de los derechos humanos conforme al marco jurídico nacional e internacional.

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