La caída de la plataforma de inversión NSI, señalada por presuntas operaciones fraudulentas, continúa generando repercusiones en Yucatán. Ahora, versiones difundidas por personas afectadas apuntan a que una trabajadora de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) habría participado en el reclutamiento de nuevos integrantes dentro de la dependencia.
De acuerdo con los testimonios recabados, la empleada, identificada únicamente como “Lucía”, presuntamente organizaba reuniones informativas para promover la plataforma entre compañeros de trabajo, donde se ofrecían rendimientos semanales de hasta cinco mil pesos y se incentivaba el ingreso de nuevos participantes mediante un esquema de referidos.
Según las versiones de los afectados, las invitaciones seguían un proceso estructurado que consistía en compartir enlaces de registro, integrar a los interesados a grupos de mensajería, orientarlos para realizar depósitos económicos y, posteriormente, incorporarlos como “empleados” o “practicantes” dentro de la plataforma.
El esquema también prometía atractivos rendimientos sobre inversiones. Entre los ejemplos utilizados para convencer a nuevos participantes se aseguraba que una aportación de 10 mil pesos podría multiplicarse considerablemente en un plazo de 150 días gracias a supuestos bonos y tasas diarias de rendimiento.
Asimismo, entre la documentación difundida por afectados aparecen mensajes internos en los que se felicitaba a responsables de centros administrativos por la conformación de equipos en Mérida, lo que, presuntamente, evidenciaría una estructura organizada para ampliar la captación de inversionistas.
Fuentes consultadas señalaron que varias personas adscritas a la Japay habrían invertido recursos en la plataforma y posteriormente perdieron su dinero tras el colapso de NSI.
Este medio buscó la postura de responsables de distintas áreas de la dependencia, quienes manifestaron no tener conocimiento de que trabajadores hubieran promovido este esquema dentro de la institución. No obstante, indicaron que, de confirmarse las acusaciones, corresponderá a las autoridades investigar los hechos y, en su caso, aplicar las sanciones que procedan.
Hasta el momento no existe información oficial que confirme la participación institucional de la Japay en estas actividades ni se ha informado sobre responsabilidades administrativas o penales contra la empleada señalada. Las investigaciones continúan mientras las personas afectadas buscan recuperar sus recursos y que se deslinden responsabilidades.
