Documentos presentados por la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), para levantar la suspensión que paralizó las operaciones de la mega granja en Homún ponen en evidencia la mancuerna política que existe entre la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Yucatán y los intereses empresariales.
Las organizaciones Kanan ts’ono’ot, Representantes de la infancia en Homún e Indignación denuncian que PAPO ha presentado pruebas tramposas para la reapertura de las operaciones en la mega granja de Homún.
En un comunicado las organizaciones señalan que desde el año pasado denunciaron el incumplimiento de la suspensión por parte de la SDS, al permitir que PAPO realice trabajos de mantenimiento. En su momento, el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, resolvió que no se había violado la suspensión.
Por otro lado, en agosto de 2021 las organizaciones denunciaron que PAPO había presentado dos documentos en los que solicitaba retirar la suspensión.
Sin embargo, la SDS habría violado una vez más la suspensión al emitir un documento donde manifiesta que la planta de tratamiento fue analizada y cumple con los límites máximos permisibles.
La autorización del funcionamiento de la granja, así como los permisos de la granja se encuentran suspendidos, por lo que la opinión de la SDS básicamente confirma que dicha institución permitió la instalación de la planta de tratamiento aún con la suspensión de operaciones.
Debido a esto, Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los cenotes), las y los representantes de la infancia de Homún, con el acompañamiento del equipo Indignación, presentaron tres quejas en contra de las diversas resoluciones y del trámite que el Juez Segundo de Distrito ha realizado para abrirle la puerta a la empresa para continuar operando su mega granja porcícola a costa del medio ambiente, salud y niñez de Homún.
Las quejas presentadas cuestionan que el Juez Segundo de Distrito haya sido omiso para obligar a la Secretaría de Desarrollo Sustentable a cumplir la suspensión de la granja, pues a pesar de la medida cautelar la autoridad ha emitido opiniones positivas para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa.
Esta opinión fue aportada como prueba en juicio por la empresa PAPO, con la finalidad de que el Juez revoque la suspensión y les permita operar. Además, presentaron un documento supuestamente emitido por la Dirección de Obras y Conservación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que se describe que la planta de tratamiento de la fábrica de cerdos no contaminará el manto freático y respetará las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Sin embargo, ambas evidencias son por demás tramposas e ilegales: el propio Director General de Asuntos Jurídicos de la UNAM, Jorge Barrera Gutiérrez, confirmó que el documento de la UNAM ofrecido por PAPO “no fue emanado y/o suscrito por autoridad universitaria alguna”. Incluso tal prueba falsa podría constituir un delito.
