La controversia en torno al Parque del Jaguar continúa escalando luego de que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) presentara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra un funcionario del Ayuntamiento de Tulum que participó en la clausura de módulos de cobro vinculados al Grupo Mundo Maya, organismo relacionado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según la información difundida, la intervención municipal ocurrió después de detectar presuntas irregularidades en la operación de dichos módulos, entre ellas la falta de permisos municipales y su ubicación fuera del polígono autorizado del Parque del Jaguar.
Elementos de Fiscalización del Ayuntamiento colocaron sellos de clausura como parte de sus atribuciones legales, situación que posteriormente derivó en acciones federales que han generado debate entre ciudadanos, empresarios y prestadores de servicios turísticos.
Diversos sectores han manifestado su inconformidad ante la denuncia presentada contra el servidor público, al considerar que únicamente habría actuado en cumplimiento de los reglamentos municipales vigentes.
El caso ha encendido nuevamente la discusión sobre los límites de competencia entre autoridades municipales y federales, especialmente cuando se trata de proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno de México.
Además, el conflicto vuelve a poner bajo reflectores al Parque del Jaguar, un proyecto que en meses recientes ha sido objeto de múltiples señalamientos relacionados con accesos, cobros, permisos comerciales y presuntas afectaciones a actividades turísticas de la zona.
Mientras continúan las investigaciones, crecen las exigencias de distintos sectores para que exista mayor claridad sobre las facultades de cada nivel de gobierno y se garantice el respeto al Estado de Derecho.
