El Gobierno Federal anunció nuevas expropiaciones de terrenos ejidales para las obras del Tren Maya en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, con pagos que oscilan entre 150 y 182 pesos por metro cuadrado, de acuerdo con decretos publicados este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Las superficies expropiadas serán destinadas a infraestructura ferroviaria, derecho de vía y operación del proyecto, bajo el argumento de utilidad pública. Los decretos entrarán en vigor a partir de mañana.
Expropiación de terrenos en Kanasín, Yucatán
En el caso de Yucatán, el decreto ordena la expropiación de 0.0098 hectáreas (98 centiáreas) de tierras de uso común del ejido de Kanasín, para el Tramo 3 Calkiní–Izamal del Tren Maya.
Según el documento oficial, la indemnización fijada fue de 17,836 pesos, lo que equivale a un pago de 182 pesos por metro cuadrado, monto que contrasta con el crecimiento del valor inmobiliario en la zona metropolitana de Mérida.
Expropian más de 2.6 hectáreas en Kobén, Campeche
Otro decreto corresponde al ejido Kobén, en Campeche, donde se expropiaron 2.6055 hectáreas, de las cuales 2.4717 hectáreas son de uso común y 0.1338 hectáreas de uso parcelado.
Estas tierras serán utilizadas para el Tramo 2 Escárcega–Calkiní. La indemnización total asciende a 4 millones 479,177.57 pesos, lo que representa un pago aproximado de 172 pesos por metro cuadrado.
Bacalar: pagan 150 pesos por metro cuadrado
En Quintana Roo, el Gobierno Federal ordenó la expropiación de 2.3782 hectáreas de tierras de uso común del ejido El Cafetal, en el municipio de Bacalar, para las obras del Tramo 6 Tulum–Chetumal.
El decreto establece una indemnización de 3 millones 567,300 pesos, calculada con base en el “valor comercial” del terreno, lo que equivale a 150 pesos por metro cuadrado, uno de los montos más bajos entre las expropiaciones publicadas.
Persisten cuestionamientos por precios y utilidad pública
Las nuevas expropiaciones se suman a una larga lista de decretos emitidos durante la construcción del Tren Maya, proyecto que ha sido señalado por impactos ambientales, sociales y agrarios, así como por el bajo valor pagado a ejidatarios en regiones donde el precio real de la tierra se ha incrementado de forma significativa.
