La ausencia de licencias, dictámenes técnicos y autorizaciones oficiales permitió que proyectos de alto impacto se desarrollaran en Umán sin supervisión municipal durante el gobierno de Freddy Ruz Guzmán, dejando una herencia de riesgos urbanos, legales y de seguridad que administraciones posteriores han tenido que intentar corregir.
Una revisión exhaustiva realizada por la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Umán confirmó que no existen registros de licencias de uso de suelo, permisos de construcción, dictámenes de Protección Civil, autorizaciones de infraestructura urbana ni evaluaciones ambientales para la operación del booster de gas natural de Energía Mayakan ni para la edificación del fraccionamiento Gran Calzada, desarrollado por Grupo Casitas.
La información fue entregada tras solicitudes formales realizadas por el Colectivo X un Yucatán con Energía Segura, en representación de familias que habitan en zonas aledañas a la infraestructura energética, quienes exigieron conocer la legalidad de una instalación de gas natural ubicada cerca de áreas habitacionales.
Especialistas y vecinos consultados señalaron que estos casos no representan hechos aislados, sino un patrón de omisiones administrativas durante ese periodo de gobierno, caracterizado por la autorización de fraccionamientos y obras sin garantizar condiciones mínimas de seguridad, planeación urbana ni cumplimiento normativo.
Como antecedente, recordaron el fraccionamiento Piedra de Agua, municipalizado durante la gestión de Freddy Ruz Guzmán, el cual fue entregado con parques inconclusos, deficiencias estructurales y servicios incompletos, evidenciando una falta de supervisión técnica e institucional desde el Ayuntamiento.
En el caso del fraccionamiento Gran Calzada, la gravedad es mayor debido a la naturaleza del proyecto, ya que involucra infraestructura energética sin que exista constancia de dictámenes de riesgo, planes de emergencia, estudios de impacto o autorización formal para operar gas natural dentro del municipio.
El propio Ayuntamiento informó que tampoco obran en sus archivos permisos estatales o federales ni gestiones documentadas realizadas durante esa administración, lo que confirma que las obras avanzaron sin respaldo legal en ninguno de los niveles de gobierno.
Pese a este escenario, Energía Mayakan continúa operando y Grupo Casitas mantiene la comercialización de viviendas, mientras los gobiernos municipales posteriores han tenido que enfrentar las consecuencias de las omisiones del pasado, intentando regularizar, corregir y mitigar los riesgos heredados.
Para las comunidades afectadas, la situación es resultado directo de años de falta de control y vigilancia institucional, por lo que demandan que se investiguen responsabilidades administrativas y políticas por las decisiones —o la ausencia de ellas— que hoy colocan a cientos de familias en un escenario de vulnerabilidad jurídica y de seguridad.
