Las definiciones rumbo al próximo proceso electoral comienzan a mover el tablero político al interior de Morena. Una disposición emanada del Comité Nacional del partido establece que quienes aspiren a una candidatura para diputaciones locales, federales o regidurías deberán separarse de sus cargos, a más tardar durante el mes de agosto.
La medida representa un duro golpe para numerosos funcionarios y representantes populares que actualmente perciben salarios públicos y que ahora deberán decidir entre conservar la estabilidad de sus cargos o apostar por una candidatura cuya obtención no está garantizada.
La regla obliga a quienes buscan mantenerse vigentes en la vida política a asumir un riesgo importante: renunciar prácticamente un año antes de las elecciones sin la certeza de ser los candidatos elegidos. Incluso, en caso de obtener la nominación, deberán afrontar los gastos propios de una campaña electoral.
El escenario también abre interrogantes sobre el desgaste que enfrenta Morena en Yucatán. De acuerdo con diversas opiniones dentro del ámbito político, la fuerza del partido ya no genera el mismo impulso electoral que en procesos anteriores, mientras que las elecciones intermedias suelen registrar menor participación ciudadana y un ambiente político menos favorable para quienes confían únicamente en las siglas partidistas.
La situación se complica aún más para aquellos legisladores, alcaldes y regidores que, según las críticas, han mantenido un desempeño discreto o prácticamente inexistente durante sus administraciones. La percepción ciudadana sobre representantes populares alejados de la población y con escasa presencia en sus distritos podría convertirse en un factor determinante al momento de buscar nuevamente el respaldo en las urnas.
También existe la idea de que algunos actores políticos consideran suficiente mantener cercanía con las dirigencias o con personajes de alto nivel para asegurar una candidatura. Sin embargo, la realidad electoral suele ser distinta y el respaldo interno no siempre se traduce en el apoyo de los ciudadanos.
La crítica no se limita a Morena. En distintos sectores se cuestiona el desempeño de representantes populares de diversas fuerzas políticas, particularmente de Morena y del PAN, al considerar que muchos han permanecido alejados de las necesidades de la población pese a ocupar cargos de representación.
Con este nuevo requisito interno, Morena obliga a sus aspirantes a realizar una apuesta política de alto costo: abandonar la seguridad de un cargo público para competir por una candidatura que dependerá tanto de las decisiones partidistas como de la aceptación ciudadana en las urnas.
