Integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 26 funcionarios y exfuncionarios del instituto por presuntas irregularidades relacionadas con obras vinculadas al Tren Maya.
De acuerdo con los promoventes, las denuncias fueron interpuestas los días 7 y 8 de julio y solicitan que la autoridad federal investigue posibles responsabilidades derivadas de los trabajos de salvamento arqueológico realizados durante la construcción del Parque de la Memoria Balam Tun, ubicado en Chetumal, Quintana Roo.
En conferencia de prensa, el arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez, representante de la comisión denunciante, aseguró que durante las obras habrían sido afectados al menos 47 monumentos arqueológicos mayas, los cuales, afirmó, fueron parcialmente destruidos o modificados. Además, sostuvo que parte del material pétreo habría sido reutilizado para construir estructuras dentro del parque.
Entre las personas señaladas en la denuncia figuran el exdirector general del INAH, Diego Prieto Hernández; Manuel Pérez Rivas, responsable del proyecto de salvamento arqueológico del Tren Maya, así como integrantes del Consejo de Arqueología y otros servidores públicos que, de acuerdo con los denunciantes, podrían tener alguna responsabilidad.
La querella solicita que la FGR investigue la posible comisión de diversos delitos, entre ellos presunta destrucción de monumentos arqueológicos, falsificación de monumentos arqueológicos, ejercicio ilícito del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, coalición de servidores públicos y otras conductas que, a juicio de los denunciantes, habrían afectado el patrimonio cultural.
Hasta el momento, las acusaciones corresponden a señalamientos contenidos en la denuncia y no constituyen una determinación de responsabilidad. Será la Fiscalía General de la República la que defina si existen elementos para iniciar o continuar las investigaciones y, en su caso, ejercer acciones legales.
Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia no había emitido un posicionamiento oficial sobre las denuncias al momento de la publicación.
