Desde el 2017 el Servicio de Administración Tributaria (SAT), inició un programa de revisiones en línea con la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento; con la consigna especial de vigilar organizaciones sin fines de lucro; tambi la GAFI pidió indagar por las acciones de desestabilización y hasta de terrorismo, que pueden ser financiados por extranjeros.
Es por eso que, para el SAT, con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es primordial la supervisión de las actividades vulnerables en términos de lo que dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita conocida como “Ley Antilavado”; con ello ubicar y detectar la procedencia de recursos para financiar personas u organizaciones altruistas o defensores de los derechos humanos.
Razón por la cual, la Reforma Fiscal de López Obrador no es bienvenida precisamente por las organizaciones de la sociedad civil y la mayoría, sino es que todas las ONG’s la rechazan y están en contra de los cambios. Sobre todo donde la UIF investigará con todas las de la ley.
A través del SAT, se dijo que desde el 2017 se continuaría permanentemente ejerciendo las facultades de la dependencia a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas para quienes realizan actividades vulnerables, con el objeto de realizar una asignación eficiente de los recursos dedicados a la prevención y combate al lavado de dinero.
Por lo tanto, el SAT también puso la lupa en las asociaciones filantrópicas; el órgano fiscalizador podrá dar de baja a las donatarias si reciben dinero de empresas “factureras” o recursos del extranjero, como es bien sabido llegan a miles de ONG’s en el país.
Hacienda puso en alerta a la UIF en 2019, luego de que más de dos mil organizaciones civiles realizaron operaciones con empresas factureras, organizaciones civiles e iniciativa privada extranjera; razón también que en agosto del 2020, el gobierno federal, acusó a nueve asociaciones civiles de oponerse al proyecto del Tren Maya, apoyadas por organizaciones internacionales como las fundaciones W. K. Kellogg, NED, del Departamento de Estado de Estados Unidos, Rockefeller, Climate Works y Ford.
Cabe destacar como las ONG opositoras del Tren Maya rechazaron la “estigmatización” por parte del Presidente de la República sobre la fuente de su financiamiento, y aunque no por eso el SAT se detendría, porque siguen en la mira de inteligencia financiera.
Algunas como Indignación A.C, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C; El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), entre otras, reiteraron que estaban siendo objeto de difamación y hostigamiento.
